La situación en la frontera y en varias ciudades del país ha dado un giro que tiene a muchos ciudadanos estadounidenses con el pasaporte en el bolsillo, incluso para ir a la tienda o al trabajo. Recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que los agentes de ICE podrían pedir pruebas de ciudadanía a cualquier persona durante sus operativos.
Según Noem, esto es parte de una «aplicación selectiva». Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, explicó: “Si estamos tras un objetivo y haciendo una operación, puede haber individuos rodeando a ese criminal a quienes podemos estar preguntándoles quiénes son y por qué están ahí y pidiéndoles que validen su identidad”. Para la administración, esto no es algo nuevo, sino que, en palabras de la secretaria, “es lo que siempre hemos hecho al preguntarle a la gente quiénes son para que sepamos quién está en esos alrededores”.
El miedo se siente en las calles de El Paso
Sin embargo, lo que para el gobierno es un procedimiento estándar, para residentes de lugares como El Paso, Texas, es una fuente de ansiedad constante. El juez del condado, Ricardo Samaniego, compartió la preocupación que recibe de la gente: “Desearía poder mostrarles algunos de los mensajes de texto de personas diciendo, ‘Tengo miedo de salir de mi casa (y) soy ciudadano (estadounidense)’. Estos son ciudadanos de Estados Unidos de América que se sienten amenazados”.
Esta tensión no es infundada. El pasado viernes, un supervisor de construcción en el este de El Paso vivió exactamente esa situación. Aunque es ciudadano, ahora lleva su pasaporte a todas partes. Su precaución le sirvió cuando agentes federales y estatales llegaron a su zona de trabajo pidiendo documentos a todos. “Les mostré mi licencia de conducir, mi pasaporte. Me dijeron, ‘Que tenga un buen día’”, relató el supervisor.
Consejos de autoprotección y espacios seguros
Ante el aumento de estos operativos, líderes comunitarios y activistas están alzando la voz. El representante de la Ciudad, Josh Acevedo, enfatizó la importancia de cuidarse mutuamente: “La gente está saliendo con documentación sean o no ciudadanos porque nadie está seguro en este momento. Quiero asegurarme de que continuemos teniendo espacios seguros”.
Por su parte, Ray Mancera, de LULAC, dio un consejo práctico pero crudo a la comunidad para evitar cualquier interacción innecesaria con las autoridades: “Si deben multas, por favor vayan a pagarlas. No se metan en problemas, no beban porque cuando son detenidos por cualquier situación de aplicación de la ley, llamarán a ICE. No les den esa oportunidad”. Mancera confesó que nunca pensó que llegaría el día en que un ciudadano tuviera que cargar con su pasaporte por miedo a no ser escuchado: “No me darán la oportunidad de decirles que soy estadounidense. (Dirán), ‘¿Sí, tú y quién más?’”.
Un debate nacional entre la seguridad y los derechos
Esta política de mano dura ocurre en un contexto de alta tensión tras la muerte de Renee Nicole Good en Minneapolis a manos de un agente de ICE, un evento que ha desatado protestas. Mientras residentes como Hiram García comparan la situación actual con vivir en regímenes autoritarios —“Si estuviera atrapado aquí afuera y ICE no pudiera confirmar mi ciudadanía, no estoy seguro de que no sería arrestado. Eso se siente como si estuviéramos viviendo en otro mundo”—, la administración defiende los resultados.
Kristi Noem ha elogiado públicamente la gestión de Donald Trump, afirmando que las fronteras están más seguras que nunca. “Lo que el presidente Trump y nuestros agentes y oficiales de CBP han podido hacer en un solo año no es menos que extraordinario”, escribió la secretaria, destacando el récord bajo de encuentros fronterizos y el cese de las liberaciones de detenidos.
