NORTH HILLS, CALIFORNIA. – Lo que debía ser una mañana de servicio y fe se convirtió en una pesadilla de seguridad. La comunidad de la iglesia Hills United Methodist Church Hispanic Mission denunció una violenta incursión de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quienes irrumpieron en el recinto para detener a un feligrés frente a niños y madres de familia.
El asalto a un «lugar sagrado»
El incidente ocurrió el pasado 26 de enero, mientras el ministerio realizaba una entrega de alimentos y actividades infantiles. Testigos afirman que agentes con rostros cubiertos y armas largas bloquearon las salidas, sembrando el caos en un espacio que, por ley y tradición, debería ser un santuario.
«Nuestro lugar sagrado fue profanado. Nuestro ministerio de alimentos es una expresión del amor de Dios por los hambrientos y, como resultado de las acciones insensatas de ICE, nos vimos obligados a detenerlo», declaró con indignación el pastor Ervin Adin Aguilón en conferencia de prensa.
El detenido, identificado como Carlos Chávez, miembro activo de la comunidad, fue perseguido en el estacionamiento de la iglesia y, según informes recientes, ya ha sido deportado a México.
Niños atrapados y acusaciones de «doble moral»
El impacto emocional ha sido devastador para las familias presentes. El pastor Aguilón relató el trauma vivido por los más pequeños: «Imaginen ser un niño y ver a su madre asustada, llorando y preguntándose qué está pasando, y tener que estar encerrado en una pequeña habitación durante horas».
Por su parte, Guillermo Torres, de la organización CLUE, calificó el operativo como un acto ilegal y una demostración de crueldad. La controversia escala a nivel federal, ya que activistas señalan una «doble moral» por parte del Departamento de Justicia (DOJ). Mientras se persigue judicialmente a quienes interrumpen servicios religiosos con protestas (como el caso del periodista Don Lemon), las incursiones armadas de ICE en templos parecen quedar en la impunidad.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) ha guardado silencio, dejando a la comunidad religiosa con una pregunta inquietante: «¿A qué punto ha llegado nuestro país que no podemos estar seguros ni siquiera en nuestras iglesias?», concluyó Aguilón.
