La reciente captura de Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, Jalisco, acusado de encabezar una red de extorsión, ha trascendido las fronteras de ese estado para proyectar una sombra de incertidumbre sobre el palacio municipal de Monterrey.
Según lo expuesto en la influyente columna Bajo Reserva de El Universal, la detención del edil morenista ha provocado nerviosismo en diversos círculos políticos. El texto señala directamente a Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, sugiriendo que las acusaciones que pesan sobre él guardan similitudes alarmantes con los delitos que llevaron a Rivera tras las rejas.
▪️El esquema: ¿Justicia o extorsión?
La columna destaca que De la Garza enfrenta señalamientos por el presunto uso faccioso del aparato municipal y de los tribunales locales para presionar a empresarios.
“Tribunales federales ya le dieron reversa a los excesos de don Adrián y a sus actos que fueron declarados ilegales. ¿Pondrá sus barbas a remojar ahora?”, cuestiona el espacio editorial.
Se le vincula con una presunta red de fabricación de delitos que operaría en conjunto con el despacho De la Garza-Vega Abogados, encabezado por su hermano, Filiberto de la Garza, contando supuestamente con el respaldo de funcionarios de la justicia local para ejecutar sus fines.
🔎Casos emblemáticos bajo la lupa
La controversia no es nueva y ha afectado a diversas figuras del ámbito empresarial y mediático:
Caso VANGUARDIA: Se acusa a esta red de fabricar una acusación de fraude por 700 mil pesos contra Armando Castilla, director general de dicho medio, relacionada con una supuesta transacción inmobiliaria en Saltillo.
Caso Garage y Talleres: El empresario Arturo Bernabé Cortez ha denunciado formalmente el despojo de su participación accionaria del 50% en la mencionada compañía.
▪️Alcance federal
La gravedad de las denuncias ha escalado hasta el corazón de la política nacional. La defensa legal de Cortez confirmó que su expediente ya se encuentra en manos del Gobierno Federal, específicamente a través de la Dirección General de Atención Ciudadana, tras una serie de publicaciones en medios regionales que visibilizaron el presunto conflicto de intereses y abuso de poder.
Con el antecedente de Jalisco fresco en la memoria pública, la pregunta que circula en los pasillos políticos de Nuevo León es si las autoridades federales mantendrán el mismo rigor en las investigaciones que involucran a la administración regiomontana.
