La lucha por la verdad en el caso de Ángel, el menor de 14 años asesinado en febrero de 2022, ha escalado hasta las puertas del Palacio de Gobierno. Integrantes de la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y Tejiendo Redes Infancia entregaron un documento respaldado por 38 mil firmas de la plataforma Change.org, exigiendo al gobernador Samuel García Sepúlveda detener lo que califican como una «red de encubrimiento».
Las organizaciones responsabilizan directamente al mandatario de opacidad e impunidad, acusándolo de proteger a altos exfuncionarios del DIF Estatal para evitar que enfrenten la justicia por el crimen ocurrido en el Albergue “Fabriles”.
▪️Los señalados y el «bloqueo» jurídico en Tamaulipas
La denuncia señala específicamente a Miguel Ángel “N”, exdirector general del DIF, y a Mauricio Miguel “N”, exdirector de Protección de la familia. Según CADHAC, estos exfuncionarios han logrado frenar la judicialización en su contra mediante amparos tramitados en el estado de Tamaulipas desde 2023.
“Estamos llamando y señalando directamente al gobernador como responsable máximo para tomar la decisión correcta y detener la protección política a estos exfuncionarios”, declaró Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, quien enfatizó que el gobernador debe permitir que la investigación avance sin interferencias políticas.
⭕️Cronología de una tragedia: De la protesta al silencio
El calvario de Ángel, quien vivió bajo tutela del Estado desde los 4 años, comenzó meses antes de su muerte:
Noviembre de 2021: Ángel y sus compañeros protestaron en el DIF Capullos por malos tratos. Fueron sometidos por policías, inyectados con tranquilizantes y atados de pies y manos.
El traslado irregular: Como castigo, Ángel fue enviado al Albergue “Fabriles”, un centro para migrantes que no contaba con personal capacitado para atender sus múltiples condiciones de salud mental y discapacidad.
9 de febrero de 2022: Tras una discusión, el menor fue presuntamente golpeado con tal brutalidad que sufrió heridas graves en el estómago. Agonizó por 15 horas sin recibir atención médica urgente.
▪️Cremación ilegal e inconsistencias oficiales
Uno de los puntos más graves denunciados por las organizaciones es la cremación del cuerpo de Ángel apenas 48 horas después de su muerte, sin realizar una autopsia. Este acto imposibilitó obtener evidencias forenses definitivas.
Las autoridades calificaron inicialmente el deceso como «muerte natural», ocultando el hecho durante una semana y revictimizando al menor al enfatizar sus trastornos psicológicos, los cuales, según CADHAC, no tenían relación alguna con las lesiones físicas que le causaron la muerte.
▪️Pendientes: La «Ley Ángel» y la CNDH
A pesar de la Recomendación 148/2025 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que exige esclarecer las omisiones y aplicar medidas de reparación, los avances son nulos. El único detenido es Raymundo Francisco “N”, el enfermero que presuntamente propinó los golpes.
Por su parte, el Congreso local mantiene congelada la propuesta de la “Ley Ángel”, la cual busca crear mecanismos de supervisión externa en los albergues para evitar que estas tragedias se repitan. “Hay más funcionarios involucrados de los que hasta el momento tenemos identificados”, advirtió Pablo Quiroga de CADHAC, señalando que los movimientos de menores entre albergues requieren autorizaciones de alto nivel jerárquico.
