En un esfuerzo por eliminar barreras que impiden la reinserción social y el acceso equitativo al trabajo, se ha presentado en el Senado de la República una iniciativa que busca prohibir a las empresas exigir la constancia de no antecedentes penales como un requisito generalizado para contratar o ascender a un empleado.
▪️Una reforma contra el estigma en el trabajo
La propuesta, impulsada por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena), plantea reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para establecer que este documento no sea utilizado como un filtro laboral injustificado. La adición de la fracción XVII Ter al artículo 133 de la LFT busca proteger a quienes, habiendo cumplido con la ley, enfrentan un «castigo perpetuo» que les impide conseguir un sustento digno.
La iniciativa sostiene que, en la mayoría de los casos, los antecedentes de una persona no tienen relación directa con sus habilidades o con la naturaleza de las funciones que desempeñará, convirtiendo este requisito en una barrera de exclusión.
▪️Un respaldo histórico: CNDH y la UNAM a favor del cambio
La iniciativa no parte de cero; retoma preocupaciones que instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han señalado desde 2016. La Comisión ha advertido que solicitar este documento sin una justificación clara constituye un acto discriminatorio que vulnera la dignidad humana y limita las oportunidades de desarrollo.
Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también se ha pronunciado en contra de esta práctica, subrayando que el acceso al empleo debe basarse en el mérito profesional y no en el pasado jurídico de los individuos, especialmente cuando esto genera un ciclo de exclusión que afecta la estabilidad social.
▪️Las excepciones de la ley
Es importante destacar que la propuesta no elimina el documento de manera absoluta. La reforma contempla que la carta de no antecedentes penales solo podrá solicitarse cuando la naturaleza del puesto lo haga indispensable, como en cargos de seguridad pública o donde la ley así lo exija explícitamente, evitando así que el requisito sea una norma para empleos administrativos, técnicos o de servicios generales.
De aprobarse, esta reforma marcaría un hito en la legislación laboral mexicana, priorizando la capacidad de las personas por encima de los estigmas y fomentando una cultura de segundas oportunidades.
