La Copa Mundial de Fútbol 2026 podría convertirse en el escenario de una protesta internacional sin precedentes. Decenas de comunidades nahuas de la Montaña Baja y la Costa Chica han lanzado un ultimátum: si el Estado no garantiza seguridad y justicia frente al asedio del crimen organizado, llevarán su movilización hasta la justa deportiva de junio de 2026 para visibilizar la «injusticia, abandono y criminalización» que padece Guerrero.
Esta advertencia surge tras la alianza histórica entre la UPOEG, el CIPOG-EZ y la CRAC-PF, organizaciones que han decidido unir fuerzas para combatir de forma autónoma al grupo delictivo Los Ardillos, ante lo que califican como una omisión cómplice de las autoridades.
▪️Una alianza contra el terror y la impunidad
Lino Ponce González y Jesús Plácido Galindo, líderes de este movimiento, anunciaron la creación de un sistema de justicia comunitario que abarcará desde la Montaña hasta la Costa Chica. El objetivo es claro: desarticular a las células criminales que operan impunemente en municipios como Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Tecoanapa.
“No vemos un gobierno al que le preocupe lo que ocurre en Guerrero; exigimos el desmantelamiento de Los Ardillos y la detención de sus líderes, responsables de crímenes de lesa humanidad”, denunciaron.
Las organizaciones responsabilizan a este grupo de la emboscada que costó la vida a 13 policías comunitarios el año pasado, así como de 70 asesinatos y 25 desapariciones de integrantes del CIPOG-EZ en la Montaña Baja.
▪️Justicia o movilizaciones inmediatas
Más allá del Mundial 2026, la tensión tiene una fecha de vencimiento inmediata: el 27 de enero. Ese día concluye el proceso judicial de cinco defensores comunitarios detenidos en 2024, a quienes los pueblos consideran presos políticos por defender sus territorios.
Las comunidades exigen:
✔️Liberación inmediata de Santos Ponce González y sus cuatro compañeros.
✔️Garantías de retorno seguro para las familias desplazadas por la violencia.
✔️Cese a la criminalización de las policías comunitarias.
“Si no los liberan, los pueblos organizados nos movilizaremos y bloquearemos las carreteras”, concluyeron, dejando claro que el movimiento social no retrocederá.
