Minesota, EE. UU. — Alberto Castañeda Mondragón, un migrante mexicano de 31 años, lucha hoy por una doble supervivencia: la de su salud física y la de su propia identidad. Tras ser detenido violentamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en enero pasado, las secuelas de una brutal golpiza borraron de su mente, por momentos, incluso el rostro de su propia hija.
El incidente, ocurrido frente a un centro comercial en St. Paul, ha desatado una ola de indignación y pone bajo la lupa los protocolos de uso de fuerza de las autoridades migratorias en Estados Unidos.
▪️Ocho fracturas y una versión oficial cuestionada
Según el relato de Castañeda para The Associated Press, los agentes lo sacaron del auto de un amigo, lo arrojaron al suelo y lo golpearon repetidamente en la cabeza con un bastón telescópico de acero (ASP). El resultado médico fue devastador: ocho fracturas de cráneo y cinco hemorragias cerebrales que pusieron su vida en un hilo.
“Comenzaron a golpearme de inmediato cuando me arrestaron… Nunca hubo un muro”, declaró Castañeda, desmintiendo la versión de los oficiales de ICE.
Los agentes federales informaron al personal médico del Centro Médico del Condado de Hennepin que el detenido se había «estrellado de cabeza a propósito contra una pared de ladrillos». Sin embargo, los médicos cuestionaron esta versión de inmediato: una tomografía reveló fracturas en la parte frontal, posterior y lateral de la cabeza, lesiones imposibles de generar con una simple caída o impacto autoinfligido contra un muro.
▪️Racismo bajo custodia
La violencia no terminó con el arresto. Castañeda Mondragón asegura que, tras ser llevado al centro de detención en Ft. Snelling, los golpes continuaron a pesar de sus ruegos. El diagnóstico del migrante sobre el motivo del ataque es contundente:
“Eran personas muy racistas. Nadie los insultó… era su carácter, su racismo hacia nosotros, por ser migrantes”.
El uso de porras de acero en la cabeza es considerado por expertos en balística y tácticas policiales como «fuerza potencialmente letal», equiparable al uso de un arma de fuego, algo que solo se justifica ante una amenaza de muerte inminente contra el oficial, situación que no ocurrió en este caso.
▪️Silencio oficial y lesiones permanentes
A pesar de la gravedad de las lesiones y de que el caso ha tensionado la relación entre agentes federales y hospitales locales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha negado a investigar o comentar sobre el incidente.
Para Alberto, la justicia parece lejana mientras intenta recuperar los fragmentos de su vida, como el recuerdo de la noche en que le enseñó a bailar a su hija, momentos que la violencia institucional intentó borrar para siempre de su memoria.
