La mesa de las familias mexicanas enfrenta un nuevo llamado a la precaución. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su delegación Golfo Norte, ha lanzado un exhorto contundente a tiendas de autoservicio y misceláneas: deben dejar de comercializar tortillas en hieleras o mediante repartidores en motocicleta en la vía pública.
Esta medida no es arbitraria; responde a una preocupación genuina por la salud y el bolsillo de los ciudadanos. Según Manuel Leal Villarreal, delegado de la institución, esta modalidad de venta carece de las garantías mínimas de higiene y precisión en el peso, poniendo en riesgo a quienes consumen este alimento básico.
El riesgo oculto en la temperatura y el peso
El principal enemigo de la tortilla en la calle es la exposición al calor. Al mantenerse en hieleras o transportarse bajo el sol, el producto pierde sus condiciones de conservación, convirtiéndose en un foco potencial de enfermedades.
Además del tema sanitario, existe una alerta comercial: no hay garantía de que el consumidor reciba «kilos de a kilo». Al no contar con básculas verificadas en el punto de entrega, se vulnera el derecho a recibir la cantidad exacta por la que se paga. Por estas razones, ya se han iniciado procesos de sanción contra cuatro tiendas de autoservicio en la región.
Multas millonarias y respeto a las normas
La autoridad es clara: vender tortillas de esta forma viola dos normativas fundamentales:
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NOM-187: Que regula la higiene y conservación del producto.
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NOM-051: Que establece el etiquetado correcto y el pesaje exacto.
Aquellos comerciantes que sean denunciados por estas irregularidades podrían enfrentar multas severas que alcanzan los 4 millones de pesos.
Un impulso a la economía formal y al precio justo
Más allá del castigo, estas acciones buscan proteger a las tortillerías establecidas, cuyo volumen de ventas se ve afectado por la competencia informal. La meta final, alineada con la visión de la presidencia, es lograr un equilibrio que permita a los empresarios de la masa y la tortilla disminuir el costo del kilo, beneficiando directamente la economía popular sin sacrificar la seguridad alimentaria.
