Matamoros, Tamaulipas. – La actuación de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Matamoros, ha vuelto al centro de la polémica tras conceder una suspensión definitiva a favor del empresario Pedro Miguel Babb Villarreal. El señalado, originario de San Pedro Garza García, Nuevo León, enfrenta acusaciones por fraude y delitos patrimoniales que ascienden a 57 millones de pesos.
El amparo, registrado bajo el expediente 218/2026-VII, ha sido calificado por la defensa de las víctimas como una «estrategia mañosa», debido a que el proceso penal, los domicilios y los hechos investigados radican exclusivamente en el estado de Nuevo León, no en Tamaulipas.
▪️El caso Babb Villarreal: Empresas fachada y proyectos fantasma
Según el expediente judicial FGJNL-082090/2025, Babb Villarreal y sus socios, José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández, habrían operado un esquema de defraudación inmobiliaria que data de 2018.
⭕️Modus operandi reportado:
Empresas de papel: Creación de sociedades como Aldea Oceana Holdings, SAPI de CV y Proactivo Desarrollos Inmobiliarios para atraer inversionistas.
Proyectos inexistentes: Venta de departamentos en preventa en desarrollos como «Emma & Elissa» en Playa del Carmen, los cuales se encuentran en estado de abandono o sin construcción real.
Pagos en especie simulados: Embaucar a las víctimas con acciones de empresas sin valor real para cubrir deudas previas.
Gabriel Garza Fernández, abogado de una de las víctimas, denunció que el amparo se obtuvo mediante datos falsos, inventando actos reclamados de juzgados en Matamoros para forzar la competencia de la jueza Duarte Cedillo y así evadir la justicia neoleonesa.
Mientras tanto, el empresario Babb Villarreal —conocido en los círculos sociales de San Pedro— continúa en libertad, sumando este episodio a una veintena de procesos judiciales de los que ha logrado salir avante en las últimas dos décadas.
