Para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría General de Gobierno, llevó a cabo la primera mesa de trabajo para la implementación de un diagnóstico integral sobre la trata de personas.
Esta iniciativa surge en seguimiento a la Recomendación 80/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitida tras el caso de San Fernando. El objetivo es diseñar políticas públicas efectivas para prevenir, investigar y perseguir el delito de privación ilegal de la libertad de personas migrantes en el estado.
En la reunión, que contó con la presencia del subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, participaron representantes de diversas instituciones estatales, entre ellas: Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Coordinación General Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia.
En su intervención, Beas Gámez destacó: “Nuestro compromiso es claro: debemos trabajar juntos para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas en Tamaulipas. La colaboración entre las distintas instancias es fundamental para avanzar en la justicia y la dignidad de quienes cruzan nuestro estado en busca de mejores oportunidades”.
Durante la mesa de trabajo, se establecieron acuerdos para coordinar esfuerzos y compartir información, con el fin de elaborar un diagnóstico preciso y diseñar estrategias efectivas para combatir la trata de personas.
El subsecretario señaló que bajo la guía del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con una política pública basada en los derechos humanos y la protección de las personas más vulnerables, como los migrantes.
«A través de esta iniciativa, se busca garantizar la seguridad y el bienestar de las personas migrantes que transitan por nuestro estado», puntualizó.
