Después de que el Tribunal de Justicia Administrativa emitió el fallo contra el Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V. por el tema del suministro de despensas, la Secretaría de Administración, aportó pruebas que avalan que el proveedor falsificó y alteró las fianzas para obtener el contrato de manera ilegal.
La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván y el subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Beas Gámez reiteraron el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la legalidad, la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos y aseguraron que se cuenta con evidencia clara para sostener que la rescisión del contrato con la empresa Dalka es procedente y se cuenta con el material probatorio para exhibir la conducta delictiva e ilegal con que actuó dicha empresa.
“El Estado seguirá los causes legales y presentará las pruebas correspondientes siempre para defender el interés público. Estamos obligados como Estado a defender el interés de toda la sociedad y no vamos a permitir la vigencia de un contrato que a todas luces se encuentra viciado y sería ilegal”, expuso Jorge Luis Beas.
En conferencia de prensa, la tarde de este martes, los funcionarios explicaron que como parte de las investigaciones, la agencia afianzadora EB Y A emitió un informe donde establece que los trámites para obtener las fianzas, se emitieron el día 11 de abril, a pesar de que el contrato fue firmado con antelación el 15 de marzo y fueron gestionados por un tercero, Mario Montiel Mora, representante de otra empresa, Empacadora La Merced, S.A. de C.V. lo que confirma que las pólizas no fueron entregadas formalmente por Dalka y que no existen registros de haberse recibido en las instancias de gobierno en el plazo legal establecido.
“Estas manifestaciones que exponemos están sustentadas en pruebas documentales y que mejor prueba que lo que afirma en un documento la compañía afianzadora”, expresó.
Por su parte la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou, expuso ante los medios de comunicación que, para garantizar el suministro de las despensas requeridas por la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas, estableció un contrato con DICONSA, que es una empresa del gobierno y queda excluida de la Ley de Adquisiciones, además de que ofrecía las mejores condiciones para el estado.
